Aunque parece que España está en permanente reforma educativa, en los últimos doscientos años solo realmente 3 son las que se han llevado a efecto:
- La reforma liberal de 1857 que transformó el sistema escolar del Antiguo Régimen.
- La reforma de 1970 que intentó modernizar la estructura del sistema educativo para adecuarlo a una sociedad inmersa en un intenso proceso de cambio.
- La reforma que se produjo en 1990 con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), cuya estructura institucional, a pesar de los diversos cambios introducidos, permanece.
La reforma liberal de 1857
La primera reforma que hay que registrar es la que consagró la ley de 9 de septiembre de 1857, llamada ley Moyano por el ministro que la impulsó, llegó a regir la vida de la enseñanza española durante algo más de un siglo.
Lo primero que debe decirse de la ley Moyano es que cerró un largo proceso de reforma educativa, un proceso que comenzó en 1812 con las Cortes de Cádiz y terminó en 1857 con la publicación de la ley. La ley de 1857 no es innovadora.
La enseñanza en el Antiguo Régimen estuvo prácticamente en manos de la Iglesia y que revistió un carácter fundamentalmente estamental, dirigida hacia los miembros de la nobleza y del clero. En realidad solo había una gran institución educativa que era la universidad. La educación secundaria no existía aún.
La Revolución francesa impuso una enseñanza fundamentalmente pública, esto es, abierta a todos y no solo a los estamentos privilegiados de la nobleza y el clero; una enseñanza secular, es decir, pensada para atender las necesidades de la sociedad y no de la Iglesia; una enseñanza articulada en 3 niveles -primaria, secundaria y superior-. El resultado fue un sistema educativo que impartía la enseñanza primaria a las clases populares de un modo gratuito y las enseñanzas secundaria y superior a las clases medias y altas de la sociedad liberal de manera onerosa.
Este modelo, que se corresponde con el sistema político, social y económico que implantó el liberalismo en toda Europa, es el que consagra la lay Moyano.
En la larga vigencia de la ley Moyano se van a producir, como decíamos, múltiples reformas, tanto en la extensión de la obligatoriedad escolar como en el currículo de los diversos niveles educativos, o en la articulación interna de esos niveles, o en la organización de la escuela, pero la estructura institucional del sistema permanecerá prácticamente inmutable hasta 1970. Hasta esa fecha todas las niñas y todos los niños accedían al sistema educativo a través de la enseñanza primaria, pero los que pertenecían a las clases obreras y campesinas agotaban aquí su periodo de formación, mientras que un grupo reducido de niños, perteneciente a las clases media y superior, pasaba a cursar la enseñanza secundaria y la universitaria o superior.
La reforma educativa de 1970
La ley general de Educación de 4 de agosto de 1970, segunda reforma educativa institucional en la historia de la educación española, es el resultado de un cambio importante producido en las complejas relaciones existentes entre educación y sociedad.
La ley Villar se convirtió de este modo en una respuesta a la demanda creciente de democratización de la educación y a las necesidades de una sociedad dinámica, urbana e industrial que poco o nada tenía que ver con la sociedad a la que respondía la ley Moyano.
La ley general de 1970 impulsó un proceso de reforma que cosechó éxitos importantes: estimuló la demanda social de educación, sentó las bases por vez primera en la historia de la educación española para acometer la empresa de la gratuidad de la educación básica... pero sobre todo, rompió la estructura bipolar del sistema educativo español: a partir de 1970 todos los niños y niñas españoles recibieron una educación básica común desde los seis hasta los 14 años de edad, terminando así con la discriminación secular que a los 10 años separaba a la población infantil, por razones fundamentales sociales y económicas, en dos grupos escolares destinados casi fatalmente a dos tipos de enseñanza distintos y con distinto futuro.
No todo fueron logros en la reforma educativa promovida por la ley Villar. Hubo también sonoros fracasos: deficiente atención a la educación preescolar, elaboración de un plan de bachillerato academicista y nada polivalente; fracaso de la formación profesional, no obstante las expectativas innovadoras de la lay; falseamiento de la autonomía universitaria.
La reforma educativa de 1990
La ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgada el 3 de octubre de 1990, es la tercera reforma importante que se acomete dentro del periodo que examinamos. Lo que quizá llame más la atención es que mientras trascurre algo más de un siglo entre la ley Moyano y la ley Villar, la reforma de 1990 se produce justamente a los 20 años de la anterior. Parte del desajuste existente en 1990 entre el sistema educativo y las necesidades de la sociedad española fuese debido a los problemas que la ley del 70 no supo o no pudo solucionar.
La LOGSE tuvo grandes aciertos, el principal fue extender la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los 16 años de edad, facilitando de este modo una amplia formación a todos los ciudadanos. Establecer diez años de formación general fue, en principio, una buena respuesta a la exigencias de una nueva sociedad que se encaminaba ya por la vía de la información y del conocimiento; aplicar el principio de igualdad y retrasar hasta los 16 años la selección según mérito y capacidad fue un imperativo de la equidad social.
La comprensión, la calidad y la equidad social fueron otros aciertos.
Entre los errores y desaciertos cabe señalar que, aunque la ley previó la necesaria conexión entre la comprensividad y la diversidad, el desarrollo reglementario fue muy restrictivo con las materias optativas, base de la diversidad, comprometiéndose de esta forma el núcleo esencial de la reforma. Sin un adecuado desarrollo de la optatividad no es posible atender a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades del alumnado.
Del estudio de las grandes reformas del pasado pueden extraerse algunas lecciones. Una de ellas es la necesidad de contar con un profesorado preparado para acometer la reforma o, al menos, reciclado en breve tiempo para poder actualizar su preparación y poder responder a las nuevas exigencias. La ley de 1970 acometió una profunda reforma de la estructura del sistema educativo sin contar con el profesorado preciso, y lo que es más grave aún, tampoco se pusieron los cimientos para una adecuada política de formación del profesorado.
No se ha producido hasta el momento ninguna ley que haya sido fruto de una amplia experimentación previa y de un gran debate público como ocurrió en el caso de la LOGSE.
Se emprendió una ambiciosa reforma sin disponer del profesorado adecuado, no se atinó con la formación del profesorado de educación secundaria y se fracasó en la formación de los profesores de primaria.
La LOE, actualmente vigente, de acuerdo con las exigencias del espacio europeo de enseñanza superior, ha acometido una nueva reforma de la fromación del profesorado.
